Guillermo Marijuan, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), envió un oficio a las 24 jurisdicciones del país, 23 provincias y un distrito federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que “de manera inmediata” pongan a su disposición “la nómina conteniendo los datos de la totalidad de empleados en relación de dependencia, temporarios, contratados y/o con cualquier vínculo laboral, bajo cualquier tipo de modalidad para que se proceda a su entrecruzamiento con el padrón de beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo”.
Marijuan ya había solicitado a la ministra Victoria Tolosa Paz que dé de baja a 159.919 titulares del Potenciar Trabajo que desde el año 2020 “reflejaron un total de 812.906 movimientos migratorios mientras percibían el plan social”. Esto es que viajaron fuera del país mostrando una capacidad de ahorro que no se compadece con personas vulnerables.
Para el fiscal, por parte del Estado, y sobre todo, de la cartera social, existe un “absoluto descontrol” sobre los planes. Solo esos 159.919 beneficiarios que reciben el Potenciar Trabajo de manera irregular, según la investigación judicial, significa una erogación mensual por parte del Estado de más de 10 mil millones de pesos.
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