JUNTARON FIRMAS/// Piden justicia por el derrame de la mina Veladero del 2015

Los derrames cuyos responsables buscan juzgarse ocurrieron entre el 12 y 13 de septiembre de 2015. «Nos enteramos del derrame por un empleado, en ese momento varios vecinos y vecinas estábamos organizados desde hacía unos meses resistiendo a la instalación de una mina de uranio a 20 kilómetros de nuestra plaza», recordó, por su parte Domingo Jofré, también integrante la asamblea sanjuanina.

«Fuimos nosotros quienes dijimos al resto: cerremos el agua, hagamos análisis, veamos cómo está la planta potabilizadora, etc.», afirmó.

Según consta en el expediente judicial entre los días 12 y 13 de septiembre «se produjo la rotura de una de las válvulas de venteo en el circuito PLS (pila delixiviación), lo que ocasionó el derrame de un millón setenta y dos mililitros de solución cianurada (…) hacia el río Potrerillos hasta llegar al río Jáchal».

Posteriormente se constató que el derrame liberó cianuro, mercurio y metales pesados en las cuencas locales, contaminando al menos cinco ríos.

«La cuenta del río Jáchal es el aporte que nosotros tenemos para poder subsistir tanto para la ganadería como para la agricultura y para el agua», describió Zeballos, quien explicó que desde entonces «el agua que trae el río tiene mercurio».

Tras idas y vueltas, en mayo de 2016, la Corte Suprema de la Nación dividió la competencia y definió que la Justicia sanjuanina debía juzgar a los responsables provinciales y de la empresa, mientras que la federal debía investigar la actuación de los funcionarios nacionales.

En el plano federal, el juez Sebastián Casanello dispuso -en octubre de 2018- elevar a juicio oral (causa 10049/15) a Sergio Lorusso (ex secretario de Ambiente), Beatriz Domingorena (ex subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación) y Jorge Mayoral (ex secretario de Minería) por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En junio de 2018, Casanello ya había elevado a juicio oral a Lorusso junto a otros ex secretarios de Medio Ambiente, Juan José Mussi y Omar Judis, y a Ricardo Villalba (ex titular de IANIGLA) por el delito de abuso de autoridad en relación a la Ley de Glaciares en una causa desprendida de la del derrame.

«En esta causa la justicia federal aceptó a la Asamblea de Jáchal como querellante y se contrató un perito internacional que constató los daños. Parte de estos procesamientos a los ex funcionarios tienen que ver con el incumplimiento a la Ley de Glaciares y el razonamiento fue que si esta ley se hubiera cumplido esos derrames no hubieran ocurrido porque Veladero está funcionando en áreas prohibidas por la ley», explicó por su parte Enrique Viale, abogado de la asamblea en la causa federal.

Y añadió: «El cierre de la instrucción de esta causa ya terminó y fue elevado a juicio oral hace más de tres años. Este juicio oral sería histórico porque por primera vez se podrían sentar a los máximos funcionarios ambientales del país por incumplir una ley ambiental».

Por su parte, el entonces el juez penal de Jáchal, Pablo Oritja, procesó a ocho empleados de la empresa por el delito de contaminación de agua, en su modalidad culposa, por actuar con «negligencia o impericia», además de transgredir la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, pero no imputó a ningún funcionario provincial.

Tras este episodio, la Mina Veladero (actualmente gestionada por la empresa canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold), tuvo otro cuatros derrames más.

«Desde que nos enteramos del derrame en 2015 instalamos una carpa frente a la Municipalidad en Jáchal y todavía estamos allí. No hay ya motivos para seguir dilatando el juicio, creo que están esperando que nos olvidemos, pero eso no va a pasar», concluyó Jofré.