El proyecto de ley ómnibus enviado por el Ejecutivo al Congreso (Fundamentos y Bases para la Libertad de los Ciudadanos Argentinos), incluye el cambio de 8 artículos de la actual Ley de Salud Mental, promulgada en 2010, reglamentada en 2013, y discutida desde el primer día por su inaplicabilidad y falta de adecuación a la realidad social y a los avances de la ciencia médica.
Reformarla es un largo reclamo de las asociaciones de psiquiatras y de los familiares de personas con trastornos mentales o con problemas de adicción.
La Ley de 2010 -n°26657, todavía vigente- se caracteriza por su inspiración claramente ideológica: prácticamente niega la enfermedad mental -por estigmatizante-, equipara en varios aspectos al médico psiquiatra con el psicólogo, el terapista ocupacional o la asistente social -por caso, cualquiera de ellos puede dirigir un servicio de salud mental, aunque cueste creerlo-, dispone el cierre de los neuropsiquiátricos -es decir, de los establecimientos especializados-, califica a la internación en general como recurso terapéutico restrictivo, que “debe ser lo más breve posible” y pone trabas burocráticas a la internación involuntaria. Ordena además que los pacientes psiquiátricos y los adictos sean internados en hospitales generales. En su articulado, la práctica psiquiátrica es objeto de las peores sospechas y el órgano revisor está formado por ONG de derechos humanos porque la psiquiatría está asociada a la tortura.
Dentro de la Ley ómnibus enviada al Congreso se proponen cambios en los artículos más polémicos de la ley, como las limitaciones a la internación involuntaria, el cierre de los neuropsiquiátricos y la prohibición de crear nuevos. De aprobarse, un juez podrá “adoptar medidas de atención urgentes”, lo que incluye internaciones, debiendo luego “realizar la correspondiente evaluación interdisciplinaria”.
Por otra parte, el Órgano de Revisión de la Ley, actualmente integrado por representantes del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio Público de la Defensa, de asociaciones de usuarios y familiares y de integrantes de ONG de derechos humanos, pasará a estar integrado por un equipo multidisciplinario formado “por un médico psiquiatra, un psicólogo, un técnico especialista en adicciones, un técnico especialista en cuestiones de niñez y adolescencia. y un abogado especialista en la materia”.
Muchos de estos cambios responden a los reclamos de los familiares de personas con problemas de salud mental y adicciones, así como a las asociaciones de psiquiatras.
Fuente: infobae
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