RECURSOS NACIONALES /// Entérate de cuánto dinero discrecional le puede dejar de enviar el Gobierno a las provincias

La decisión del gobierno de retirar la parte fiscal del proyecto de ley ómnibus enviado al Congreso abre un nuevo capítulo en el tironeo entre el Ejecutivo nacional y las provincias acerca de la distribución de recursos.

Ahora bien, ¿cuánto dinero, de qué partidas, puede el gobierno recortarle a las provincias, y cuáles serían las más perjudicadas? Para responder, hay que distinguir, en el sistema de “federalismo fiscal” argentino, entre transferencias “automáticas” y “discrecionales”. Las primeras, como su nombre lo indica, se determinan automáticamente en función, básicamente, de la ley de Coparticipación Federal 23.548, una norma “transitoria” que empezó a regir en 1989 y tuvo desde entonces más de 160 enmiendas.

Día a día (hábil) en función de la recaudación de diferentes impuestos, la Secretaría de Hacienda distribuye los recursos “automáticos”, que envía a las cuentas oficiales de cada distrito. Según los datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), al viernes 26 de enero los fondos enviados a provincias por esa “ventanilla” en lo que va del año sumaban 2.137.837.651.000 pesos o, más sencillamente y redondeando, $2,1 billones (esto es, 2,1 millones de millones de pesos). Esa cifra incluye poco menos de $40.000 millones en concepto de diverso tipo de “compensaciones”.

Ese dinero está a salvo de recortes, pero no la parte “discrecional”, partidas y conceptos que la Nación maneja con criterio político (en criollo, según la cara del cliente) y que según una “Anatomía de las transferencias” que elaboró Marcelo Capello, experto en federalismo fiscal del Ieral de la Fundación Mediterránea, en un 80% se canalizan a través de los siguientes mecanismos:

Fondo de Incentivo Docente (Fonid), complementario de los salarios de maestras y maestros provinciales (según la Constitución Nacional, la Educación y la Salud son “facultades indelegables” de las provincias)

Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires (FFFPBA), que Alberto Fernández creó por decreto en 2020, quitando coparticipación a CABA para sofocar una incipiente rebelión policial que ponía en crisis al gobierno de Axel Kicillof.

Programa de desarrollo regional, que incluye los llamados “Adelantos del Tesoro Nacional” (ATN)
Aportes de la Anses a las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas a Nación Distintas “asistencias financieras” a las provincias y a CABA (en este último caso, por el traspaso de la policía federal a la fuerza de seguridad metropolitana).

He ahí el núcleo del reparto “discrecional”. ¿De cuánto dinero se trata”? En 2023, a valores de diciembre pasado, fueron $1,9 billones (esto es, 1,9 millones de millones de pesos, equivalente a poco menos de un mes de transferencias “automáticas”). El recorte de esas partidas puede ser más o menos contencioso. Por caso, el “Fondo de Incentivo Docente” fue creado por ley, mientras el Fondo de Fortalecimiento Fiscal bonaerense fue creado por decreto.

Pero lo más jugoso políticamente es cómo se repartió el dinero “discrecional” el año pasado, porque implica que, si el gobierno reduce sustancialmente esos recursos, como dijo, las que más recibieron son las que más sufrirán el recorte.

Al respecto, el estudio de Capello muestra el brutal sesgo con que esos recursos fueron manejados en 2023 por los entonces ministros de Economía, Sergio Massa, y de Interior, Eduardo de Pedro.

Las transferencias “discrecionales” pueden a su vez ser “corrientes” (para financiar gastos ordinarios) y “de capital”, para financiar obras o programas que implican inversiones que se supone tendrán una incidencia a largo plazo.

En 2023 la provincia de Buenos Aires recibió 49,5% de las transferencias discrecionales “corrientes” (esto es, casi lo mismo que las restantes 22 provincias y CABA sumadas). Así y todo, ese dato subestima el privilegio que tuvo en ese rubro el gobierno de Kicillof, pues otra ventanilla fueron los fondos de Nación enviados de modo directo a municipios. De esa fuente, los 135 municipios bonaerenses (y en particular, las intendencias peronistas) recibieron 65% del total, casi el doble que los cerca de 1.700 municipios del resto del país.

Fuente: infobae